Frente Popular (1936 - 1939) Extraido de Wikipedia
Programa del Frente Popular (Enero de 1936)
Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores; Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria
[...]
Como suplemento indispensable de la paz pública, los partidos coaligados se comprometen:
12. A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político-sociales/cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales
[...]
Los republicanos no aceptan el principio de nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, solicitada por los delegados del partido socialista
[...]
No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la Banca propuesta por los partidos obreros; conocen, sin embargo, que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos, si ha de cumplir la misión que le está encomendada en la reconstrucción económica de España
[...]
No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del partido socialista...
Disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones generales 7 de enero de 1936.
Triunfo de la agrupación de izquierdas en las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936 con los siguientes resultados, que dieron la victoria al Frente Popular, que con más del 60% de los diputados electos agrupaba a PSOE, Izquierda Republicana (que incluía a la ORGA), Unión Republicana, ERC, PCE, Acción Catalana, POUM, Partido Sindicalista y otros:
← Elecciones generales españolas, 16 de febrero de 1936 →
Partido Escaños % Esc. Dif.
Partido Socialista (PSOE) 99 20,9 +41
Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) 88 18,6 -27
Izquierda Republicana (IR) 87 18,4 +87
Unión Republicana (UR) 38 8,0 +38
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 37 7,8 +19
Partido Comunista de España (PCE) 17 3,5 +16
Centristas 16 3,3 -
Bloque Nacional 12 2,5 -
Lliga Regionalista 12 2,5 -12
Partido Agrario 11 2,3 -24
Partido Nacionalista Vasco (PNV) 10 2,1 -2
Tradicionalistas 10 2,1 -
Republicanos progresistas 6 1,2 +3
Radicales 5 1,1 -
Republicanos conservadores 3 0,6 -
Independientes de derecha 3 0,6 -
Otros 19 4,0 -
TOTAL 473 100,00 +1
Azaña es nombrado, el 19 de febrero de 1936, Presidente del Gobierno, del que no forman parte los socialistas.
Destitución de Niceto Alcalá-Zamora como Presidente de la República el 7 de abril de 1936.
Cenit del enfrentamiento violento entre las izquierdas y derechas. El día 16 de abril, en el entierro del alférez De los Reyes de la Guardia Civil, fallecido el 14 de abril durante los incidentes que se produjeron en la celebración del V aniversario de la República, la intervención del teniente Castillo, de la Guardia de Asalto e instructor de las milicias de las Juventudes Socialistas Unificadas, dio como resultado un muerto a manos de uno de los hombres de la sección de Castillo y de un herido grave por disparo realizado por él mismo. El muerto era Andrés Sáenz de Heredia, primo de José Antonio Primo de Rivera, y el herido un joven carlista estudiante de medicina llamado José Llaguno Acha.
Crisis de gobierno, Azaña dimite y es nombrado Presidente de la República 10 de mayo de 1936.
Forma gobierno Santiago Casares Quiroga (12 de mayo de 1936).
Se concede una amplia amnistía a los implicados en la Revolución de 1934.
17 de junio de 1936: Gil-Robles denuncia en el parlamento de forma catastrofista los desórdenes habidos desde el 1 de febrero hasta el 15 de junio: "160 iglesias destruidas, 251 asaltos de templos, incendios sofocados, destrozos, intentos de asalto. 269 muertos. 1287 heridos de diferente gravedad. 215 agresiones personales frustradas o cuyas consecuencias no constan. 69 centros particulares y políticos destruidos, 312 edificios asaltados. 113 huelgas generales, 228 huelgas parciales. 10 periódicos totalmente destruidos, todos de derecha. 83 asaltos a periódicos, intentos de asalto y destrozos. 146 bombas y artefactos explosivos. 38 recogidos sin explotar." El gobierno del Frente Popular alegaba estar desbordado ante la escalada de violencia entre sectores radicales izquierdistas y derechistas, causada por ambos.
El 12 de julio de 1936 es asesinado José del Castillo Sáez de Tejada. Al día siguiente, guardias de asalto, fuerzas de seguridad, compañeros de Castillo, asesinan al líder de la oposición, José Calvo Sotelo, antiguo ministro de Hacienda de la Monarquía y jefe del Bloque Nacional, agrupación de monárquicos de Renovación Española y de carlistas tradicionalistas. Calvo Sotelo era en ese momento el líder de la oposición y este se considera el detonante de la Guerra Civil, que estalla cuatro días después.
Golpe de estado en la tarde del 17 de julio de 1936 del ejército del norte de Marruecos y diversas guarniciones peninsulares.
viernes, 9 de julio de 2010
BIENIO RADICAL CEDISTA
Bienio radical-cedista (1934-1936) Extraido de Wikipedia.
Desde 1933, las mujeres pudieron votar en las elecciones en España.Elecciones generales de noviembre de 1933, las primeras con sufragio femenino, tuvieron por resultado la mayoría de las derechas: 258 diputados de derecha, 119 de centro y 95 de izquierda. Esta última se presentó desunida, mientras que la derecha se agrupó en torno a la CEDA. La participación fue del 67'46%, con una notable abstención en las zonas de mayoría anarquista.
← Elecciones generales españolas, 19 de noviembre de 1933 →
Partido Escaños % Esc. Dif.
Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) 115 24,3 +115
Partido Republicano Radical (PRR) 104 22,0 +10
Partido Socialista (PSOE) 58 12,2 -57
Partido Agrario 36 7,6 +10
Lliga Regionalista 24 5,1 +20
Tradicionalistas 21 4,4 -
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 18 3,8 -13
Renovación Española 16 3,4 -
Independentistas de derecha 16 3,4 -
Partido Nacionalista Vasco (PNV) 12 2,5 -
Partido Liberal Demócrata 10 2,1 -
Acción Republicana (AR) 5 1,1 -
Radical-socialistas independientes 4 0,8 -
Federales 4 0,8 -
Republicanos progresistas 3 0,6 -
Unió Socialista de Catalunya 3 0,6 -1
Republicanos independientes 2 0,4 -
Partido Comunista de España (PCE) 1 0,2 +1
Radical-Socialistas 1 0,2 -
Republicanos galleguistas 1 0,2 -
TOTAL 472 100,00 +2
El reparto de votos fue el siguiente: de los 8.535.200 votos emitidos, 3.365.700 fueron para partidos de derechas, 2.051.500 para partidos de centro y 3.118.000 para los partidos de izquierda.[7]
Sus detractores lo denominaron "Bienio Negro", por la represión de la Revolución de 1934 y por el fin de las medidas progresistas del bienio anterior.
Gobierno de los conservadores de Lerroux, presionado por la derecha de Gil-Robles.
Medidas reaccionarias[8] del gobierno, tratando de neutralizar las medidas adoptadas por el gobierno anterior en diversos aspectos.
Amnistía para los participantes en el fallido golpe de estado de agosto de 1932, entre ellos su promotor el general Sanjurjo que se traslada a Portugal, donde moriría, en 1936, en accidente de aviación, cuando se disponía a volver a España para encabezar la sublevación que dio origen a la guerra civil.
Entran a formar parte del gobierno tres ministros de la CEDA (1 de octubre de 1934).
5 de octubre de 1934: "Paro general" en toda España.
6 de octubre: el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y presidente de la Generalidad de Cataluña, Lluís Companys, proclama el "Estado Catalán dentro de la República Federal Española", invitando a la oposición al gobierno radical-cedista a crear un gobierno provisional de la República en Cataluña. La insurrección, apoyada por milicias armadas y los Mozos de Escuadra a las órdenes de la Generalidad de Cataluña, se salda con 40 muertos.
7 de octubre: Levantamientos de obreros socialistas y anarquistas en parte del norte de España, inicialmente apoyado por sectores del PSOE y la UGT como una huelga, acaba en violentos altercados. Dicho levantamiento armado se salda con 4.000 muertos, entre ellos 35 sacerdotes.
Continúa el aumento de la agitación social.
Descontento campesino al perder las tierras recibidas por la anterior reforma agraria.
Revolución de 1934. Este movimiento estuvo alentado desde amplios sectores e importantes dirigentes del PSOE y la UGT, como Largo Caballero o Indalecio Prieto[cita requerida] y de forma desigual por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y el Partido Comunista de España (PCE). Los revolucionarios intentaron el asalto a la Presidencia del Gobierno y después de dos horas de disparos las fuerzas leales al gobierno dominaron la situación y encarcelaron a los dirigentes socialistas que la apoyaban. En Aragón, Andalucía y Extremadura los campesinos agotados por las huelgas que se habían producido durante los meses de marzo, abril y junio, no secundaron la huelga. Los principales focos de la rebelión se produjeron en Cataluña y en Asturias, aunque los sucesos más graves tuvieron lugar en esta última región.
En Asturias la rebelión anarquista duró desde el día 5 de octubre al 19 de octubre de 1934 siendo brutalmente sofocada por las tropas del Gobierno.[9] por las fuerzas del ejército republicano, formadas por legionarios y regulares, venidas desde el protectorado español en Marruecos (6 de octubre de 1934). De ese modo el gobierno de la Republica recuperó la soberanía en una amplia zona de Asturias, dando inicio a una dura represión que posteriormente será explotada electoralmente por el Frente Popular[cita requerida]. Muy notorio sin embargo, fue el caso del periodista Luis Sirval, que fue asesinado por un oficial de la Legión, por atreverse a denunciar las atrocidades que se estaban cometiendo una vez acabada la lucha. Asimismo, el propio Lerroux se vio obligado, ante la denuncia de Gordón Ordás, diputado de su partido, a ordenar el traslado del comandante Doval, de la Guardia Civil, ante los innumerables actos de tortura protagonizados por este jefe y corroborados por una delegación parlamentaria española a la que se unió un grupo de parlamentarios británicos.[10]
El estatuto catalán es suspendido y su presidente Lluís Companys es detenido y juzgado.
Deflación monetaria.
Debilitamiento del centro político por casos de corrupción de algunos dirigentes del Partido Radical de Lerroux. El caso más famoso es el escándalo del estraperlo (viene de la deformación al castellano de "Strauss & Pearl", una famosa empresa de apuestas).
Unión de socialistas y republicanos de izquierdas en un bloque, el denominado "Frente Popular", ante el temor generalizado de la izquierda europea a la fuerte expansión de las potencias fascistas, una idea labrada en el seno de la URSS tras el VII Congreso de la Internacional Comunista.
Desde 1933, las mujeres pudieron votar en las elecciones en España.Elecciones generales de noviembre de 1933, las primeras con sufragio femenino, tuvieron por resultado la mayoría de las derechas: 258 diputados de derecha, 119 de centro y 95 de izquierda. Esta última se presentó desunida, mientras que la derecha se agrupó en torno a la CEDA. La participación fue del 67'46%, con una notable abstención en las zonas de mayoría anarquista.
← Elecciones generales españolas, 19 de noviembre de 1933 →
Partido Escaños % Esc. Dif.
Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) 115 24,3 +115
Partido Republicano Radical (PRR) 104 22,0 +10
Partido Socialista (PSOE) 58 12,2 -57
Partido Agrario 36 7,6 +10
Lliga Regionalista 24 5,1 +20
Tradicionalistas 21 4,4 -
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 18 3,8 -13
Renovación Española 16 3,4 -
Independentistas de derecha 16 3,4 -
Partido Nacionalista Vasco (PNV) 12 2,5 -
Partido Liberal Demócrata 10 2,1 -
Acción Republicana (AR) 5 1,1 -
Radical-socialistas independientes 4 0,8 -
Federales 4 0,8 -
Republicanos progresistas 3 0,6 -
Unió Socialista de Catalunya 3 0,6 -1
Republicanos independientes 2 0,4 -
Partido Comunista de España (PCE) 1 0,2 +1
Radical-Socialistas 1 0,2 -
Republicanos galleguistas 1 0,2 -
TOTAL 472 100,00 +2
El reparto de votos fue el siguiente: de los 8.535.200 votos emitidos, 3.365.700 fueron para partidos de derechas, 2.051.500 para partidos de centro y 3.118.000 para los partidos de izquierda.[7]
Sus detractores lo denominaron "Bienio Negro", por la represión de la Revolución de 1934 y por el fin de las medidas progresistas del bienio anterior.
Gobierno de los conservadores de Lerroux, presionado por la derecha de Gil-Robles.
Medidas reaccionarias[8] del gobierno, tratando de neutralizar las medidas adoptadas por el gobierno anterior en diversos aspectos.
Amnistía para los participantes en el fallido golpe de estado de agosto de 1932, entre ellos su promotor el general Sanjurjo que se traslada a Portugal, donde moriría, en 1936, en accidente de aviación, cuando se disponía a volver a España para encabezar la sublevación que dio origen a la guerra civil.
Entran a formar parte del gobierno tres ministros de la CEDA (1 de octubre de 1934).
5 de octubre de 1934: "Paro general" en toda España.
6 de octubre: el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y presidente de la Generalidad de Cataluña, Lluís Companys, proclama el "Estado Catalán dentro de la República Federal Española", invitando a la oposición al gobierno radical-cedista a crear un gobierno provisional de la República en Cataluña. La insurrección, apoyada por milicias armadas y los Mozos de Escuadra a las órdenes de la Generalidad de Cataluña, se salda con 40 muertos.
7 de octubre: Levantamientos de obreros socialistas y anarquistas en parte del norte de España, inicialmente apoyado por sectores del PSOE y la UGT como una huelga, acaba en violentos altercados. Dicho levantamiento armado se salda con 4.000 muertos, entre ellos 35 sacerdotes.
Continúa el aumento de la agitación social.
Descontento campesino al perder las tierras recibidas por la anterior reforma agraria.
Revolución de 1934. Este movimiento estuvo alentado desde amplios sectores e importantes dirigentes del PSOE y la UGT, como Largo Caballero o Indalecio Prieto[cita requerida] y de forma desigual por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y el Partido Comunista de España (PCE). Los revolucionarios intentaron el asalto a la Presidencia del Gobierno y después de dos horas de disparos las fuerzas leales al gobierno dominaron la situación y encarcelaron a los dirigentes socialistas que la apoyaban. En Aragón, Andalucía y Extremadura los campesinos agotados por las huelgas que se habían producido durante los meses de marzo, abril y junio, no secundaron la huelga. Los principales focos de la rebelión se produjeron en Cataluña y en Asturias, aunque los sucesos más graves tuvieron lugar en esta última región.
En Asturias la rebelión anarquista duró desde el día 5 de octubre al 19 de octubre de 1934 siendo brutalmente sofocada por las tropas del Gobierno.[9] por las fuerzas del ejército republicano, formadas por legionarios y regulares, venidas desde el protectorado español en Marruecos (6 de octubre de 1934). De ese modo el gobierno de la Republica recuperó la soberanía en una amplia zona de Asturias, dando inicio a una dura represión que posteriormente será explotada electoralmente por el Frente Popular[cita requerida]. Muy notorio sin embargo, fue el caso del periodista Luis Sirval, que fue asesinado por un oficial de la Legión, por atreverse a denunciar las atrocidades que se estaban cometiendo una vez acabada la lucha. Asimismo, el propio Lerroux se vio obligado, ante la denuncia de Gordón Ordás, diputado de su partido, a ordenar el traslado del comandante Doval, de la Guardia Civil, ante los innumerables actos de tortura protagonizados por este jefe y corroborados por una delegación parlamentaria española a la que se unió un grupo de parlamentarios británicos.[10]
El estatuto catalán es suspendido y su presidente Lluís Companys es detenido y juzgado.
Deflación monetaria.
Debilitamiento del centro político por casos de corrupción de algunos dirigentes del Partido Radical de Lerroux. El caso más famoso es el escándalo del estraperlo (viene de la deformación al castellano de "Strauss & Pearl", una famosa empresa de apuestas).
Unión de socialistas y republicanos de izquierdas en un bloque, el denominado "Frente Popular", ante el temor generalizado de la izquierda europea a la fuerte expansión de las potencias fascistas, una idea labrada en el seno de la URSS tras el VII Congreso de la Internacional Comunista.
lunes, 5 de julio de 2010
II REPUBLICA: EL BIENIO REFORMISTA
Bienio social-azañista (1931-1933) Extraido de Wikipedia
También conocido como bienio reformista:
Gobierno de la II República en 1931.14 de abril de 1931: Tras las elecciones municipales, se declara en España la Segunda República.
10 de mayo de 1931: Causando gran polémica, se inaugura el Círculo Monárquico en Madrid. Ante los rumores de que un monárquico exaltado [3] había asesinado a un taxista que se negó a gritar "Viva el Rey", un grupo de personas provocó un altercado a las puertas de dicha institución. [4]
11 de mayo de 1931: Unos veinticuatro conventos, colegios y centros católicos son incendiados y asaltados por bandas juveniles. La actuación de las autoridades republicanas consigue restaurar el orden. [4]
16 de junio de 1931: El gobierno destierra al cardenal primado Pedro Segura por no reconocer al nuevo régimen y por sus críticas al sistema dirigidas a los fieles. Desde el Vaticano, se sustituye al radical Segura por el más moderado Gomá, que admitirá la existencia de la República y buscará las ventajas de dialogar con los gobiernos de un Estado débil.
18 de junio de 1931: El gobierno destierra a Mateo Múgica, obispo de Vitoria.
Elecciones a Cortes Constituyentes de 28 de junio de 1931. Mayoría de las izquierdas en el Parlamento.
← Elecciones generales españolas, 28 de junio de 1931 →
Partido Escaños % Esc. Dif.
Partido Socialista (PSOE) 115 24,5 -
Partido Republicano Radical (PRR) 94 20,2 -
Partido Republicano Radical Socialista (PRRS) 59 12,5 -
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 31 6,5 -
Acción Republicana 28 5,9 -
Agrarios (predecesores del Partido Agrario) 26 5,5 -
Progresistas 22 4,6 -
Federales 17 3,6 -
Federación Republicana Galega 16 3,4 -
Vasco-navarros 15 3,2 -
Agrupación al servicio de la República 13 2,8 -
Lliga Regionalista 4 0,8 -
Unió Socialista de Catalunya 4 0,8 -
Partit Català Republicà 2 0,4 -
Partido Liberal Demócrata 2 0,4 -
Republicanos Galleguistas 1 0,2 -
Monárquico liberal 1 0,2 -
Independientes 20 4,2 -
TOTAL 470 100,00 -
9 de octubre de 1931: Se producen Sucesos de Gilena, uno de los primeros altercados violentos en el campo andaluz
14 de octubre de 1931: Alcalá Zamora dimite como presidente del Gobierno por su desacuerdo con las políticas laicistas que defendía el Gabinete. Pasará a ser presidente de la República, mientras que Manuel Azaña le sustituirá al frente del Ejecutivo.
29 de octubre de 1931: Se promulga la ley de Defensa de la República para castigar la violencia pública y la difamación del nuevo régimen. [4]
Aprobación por las Cortes de la Constitución de la República Española de 1931 (9 de diciembre de 1931).
9 de diciembre de 1931: La Constitución republicana prohíbe a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza y se abre la puerta a la nacionalización de todos sus bienes, además ordena disolver y confiscar los bienes de las órdenes religiosas que manifiesten su obediencia a la Santa Sede. [cita requerida]
Gobierno de coalición republicano-socialista, presidido por Azaña (16 de diciembre de 1931).
El clero se muestra dividido en el acatamiento al régimen republicano, ya que mientras el cardenal Segura, Cardenal primado de Toledo, lanza una violenta diatriba antilaicista en su pastoral del 1 de mayo de 1931, a los catorce días de proclamada la República, el periódico El Debate, fundado en 1911 por Ángel Herrera Oria, muestra la opinión de un catolicismo que manifiesta "acatamiento" al régimen instaurado y da una visión accidentalista de la República, en el sentido de que la Iglesia es eterna y las formas de gobierno temporales. Con todo, la posición de la jerarquía católica y de los sectores de la sociedad más conservadores era bastante opuesta al régimen republicano, pues temían que el establecimiento del nuevo régimen llevaría a la pérdida progresiva de sus privilegios.[4]
En el mes de julio de 1931 tienen lugar la huelga de la Telefónica y la huelga general convocada por el sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Este sindicato y el socialista Unión General de Trabajadores (UGT) eran los únicos con presencia significativa entre los obreros españoles. Los socialistas de la época estaban divididos en dos corrientes principales: los moderados, entre los que se puede incluir a Indalecio Prieto, y los revolucionarios. Los anarquistas eran mayoritarios en la Telefónica, propiedad por entonces de la multinacional estadounidense ITT Corporation, y con su huelga persiguieron varios objetivos: uno, demostrar su fuerza; dos, poner contra las cuerdas al gobierno (la CNT se había decantado durante la dictadura por la destrucción de todo poder, frente a posturas pactistas); tres, manifestar su oposición a la existencia de monopolios extranjeros en España; y cuatro, obligar a los ministros socialistas del gobierno provisional a decidir entre una posición revolucionaria o moderada. La huelga no consiguió su propósito de paralizar el servicio a nivel nacional, pues sólo triunfó en Sevilla y Barcelona debido en gran parte al boicot socialista, expresado tanto en declaraciones de apoyo a la legalidad vigente como mediante el envío de trabajadores de la UGT a cubrir los puestos de los huelguistas. En respuesta, la CNT convocó una serie de huelgas generales que volvieron a fracasar en su mayoría, excepto en Sevilla, hasta que la actuación del Ejército -una vez que el Gobierno declaró el Estado de Guerra en la ciudad- restauró el orden.[4]
Oposición crítica de oficiales a la reforma de racionalización del ejército del ministro de la Guerra Azaña, motivada por el cierre de varias academias militares, entre las que destacó la de Zaragoza. Si bien un gran número de altos mandos reconocía el exceso de oficiales en comparación con el tamaño real del Ejército, muchos de ellos, conservadores, consideraban las medidas demasiado radicales pues les suponía una clara pérdida de privilegios.[4]
En septiembre de 1931 el proyecto de Estatuto Vasco, apoyado por carlistas y nacionalistas vascos, es rechazado en las Cortes Constituyentes por sobrepasar los límites constitucionales.
El gobierno republicano presidido por Manuel Azaña realiza reformas en educación con el fin de hacer efectiva la escolarización de toda la población, según preveía la Ley Claudio Moyano de Instrucción Pública (1857), ampliando la edad escolar. Para cumplir el artículo 26 de la Constitución republicana, se decretó la disolución de la Compañía de Jesús. El decreto no afectó a la propiedad de la misma, pero sí supuso la exclaustración de los jesuitas que regentaban instituciones docentes; centros como la Universidad de Comillas[5] lograron mantener su actividad, pero otros tuvieron que cesar su actividad. Entre los afectados estuvieron centros de estudios superiores tan renombrados como la Universidad Pontificia de Comillas, el Instituto Químico y el Laboratorio Biológico de Sarriá, el Instituto Católico de Artes e Industria de Madrid, el Centro Escolar y Mercantil de Valencia, los observatorios de Roquetes y Granada, las Facultades de Letras y la Universidad Comercial de Deusto, por entonces única Facultad de Ciencias Económicas de España, que no volvería a abrir sus aulas hasta pleno franquismo.[6]
Otros proyectos iniciados primero por el ministro Marcelino Domingo y más tarde por su sucesor Fernando de los Ríos incluyeron la construcción en masa de escuelas primarias (7.000 en los primeros diez meses del nuevo Régimen), cursillos de adaptación para miles de funcionarios de ambos sexos en posesión del título de Maestro pero que trabajaban en otras áreas del Estado y el aumento de sueldos en un 15 por ciento a los educadores. Los ayuntamientos más conservadores no creyeron en la iniciativa desde el principio y, desde finales de 1.932, los diputados monárquicos y católicos la torpedearon abiertamente.[4]
24 de enero de 1932: El gobierno da orden de disolver la Compañía de Jesús y confisca todos sus bienes en España.
Golpe de estado fracasado del general Sanjurjo ('Sanjurjada'), el 10 de agosto de 1932. Sanjurjo es detenido en Huelva, cuando intentaba huir a Portugal. Juzgado y condenado a muerte, el Presidente de la República le conmuta la pena por cadena perpetua.
Aprobación controvertida del Estatuto Catalán (9 de septiembre de 1932).
18 de mayo de 1933: La ley de Congregaciones convierte en propiedades públicas todos los bienes de la Iglesia, no solo los templos, sino también los ornamentos de los sacerdotes, las imágenes y los cálices.
Ley de Reforma Agraria.
Disolución de las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones (9 de octubre de 1933).
Fundación de Falange Española por José Antonio Primo de Rivera (29 de octubre de 1933).
Elecciones generales ganadas por los conservadores de la CEDA, liderada por José María Gil-Robles y los radicales de Alejandro Lerroux (19 de noviembre de 1933).
9 de noviembre de 1933, discurso de Largo Caballero, Ministro de Trabajo y posteriormente Presidente del Gobierno por el PSOE, durante la campaña electoral y publicado en el periódico "El Socialista":
“Se dirá: ¡Ah, ésa es la dictadura del proletariado! Pero ¿es que vivimos en una democracia? Pues ¿qué hay hoy, más que una dictadura de burgueses? Se nos ataca porque vamos contra la propiedad. Efectivamente. Vamos a echar abajo el régimen de propiedad privada. No ocultamos que vamos a la revolución social. ¿Cómo? (Una voz en el público: ‘Como en Rusia´). No nos asusta eso. Vamos, repito, hacía la revolución social… mucho dudo que se pueda conseguir el triunfo dentro de la legalidad. Y en tal caso, camaradas, habrá que obtenerlo por la violencia… nosotros respondemos: vamos legalmente hacia la revolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente (gran ovación). Eso dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil… Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil… No nos ceguemos camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aun los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar. El 19 vamos a las urnas… Mas no olvidéis que los hechos nos llevarán a actos en que hemos de necesitar más energía y más decisión que para ir a las urnas. ¿Excitación al motín? No, simplemente decirle a la clase obrera que debe preparase… Tenemos que luchar, como sea, hasta que en la torres y en los edificios oficiales ondee, no la bandera tricolor de una República burguesa, sino la bandera roja de la Revolución Socialista”.
El ala de izquierda revolucionaria del PSOE, liderada por personajes vinculados estrechamente también a la UGT (Largo Caballero y Luis Araquistáin), movilizó a las masas obreras con este discurso porque temían una revolución fascista [cita requerida] del estilo de la de Alemania de Hitler o la Italia de Mussolini y porque eran conscientes de la debilidad de la clase media en la España de entonces. Sin embargo, su planteamiento, lejos de impedir el golpe de Estado de 1936, se convirtió en el chivo expiatorio para que los generales más reaccionarios justificasen su actuación.
El fallo de las expectativas puestas en la Reforma Agraria provocó reacciones obreras, principalmente por parte de anarquistas, integrados en la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), dando lugar a disturbios fuertemente reprimidos en Casas Viejas, Castilblanco, Gilena (Sevilla) y otros en las llamadas revoluciones de enero y diciembre de 1933.
También conocido como bienio reformista:
Gobierno de la II República en 1931.14 de abril de 1931: Tras las elecciones municipales, se declara en España la Segunda República.
10 de mayo de 1931: Causando gran polémica, se inaugura el Círculo Monárquico en Madrid. Ante los rumores de que un monárquico exaltado [3] había asesinado a un taxista que se negó a gritar "Viva el Rey", un grupo de personas provocó un altercado a las puertas de dicha institución. [4]
11 de mayo de 1931: Unos veinticuatro conventos, colegios y centros católicos son incendiados y asaltados por bandas juveniles. La actuación de las autoridades republicanas consigue restaurar el orden. [4]
16 de junio de 1931: El gobierno destierra al cardenal primado Pedro Segura por no reconocer al nuevo régimen y por sus críticas al sistema dirigidas a los fieles. Desde el Vaticano, se sustituye al radical Segura por el más moderado Gomá, que admitirá la existencia de la República y buscará las ventajas de dialogar con los gobiernos de un Estado débil.
18 de junio de 1931: El gobierno destierra a Mateo Múgica, obispo de Vitoria.
Elecciones a Cortes Constituyentes de 28 de junio de 1931. Mayoría de las izquierdas en el Parlamento.
← Elecciones generales españolas, 28 de junio de 1931 →
Partido Escaños % Esc. Dif.
Partido Socialista (PSOE) 115 24,5 -
Partido Republicano Radical (PRR) 94 20,2 -
Partido Republicano Radical Socialista (PRRS) 59 12,5 -
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 31 6,5 -
Acción Republicana 28 5,9 -
Agrarios (predecesores del Partido Agrario) 26 5,5 -
Progresistas 22 4,6 -
Federales 17 3,6 -
Federación Republicana Galega 16 3,4 -
Vasco-navarros 15 3,2 -
Agrupación al servicio de la República 13 2,8 -
Lliga Regionalista 4 0,8 -
Unió Socialista de Catalunya 4 0,8 -
Partit Català Republicà 2 0,4 -
Partido Liberal Demócrata 2 0,4 -
Republicanos Galleguistas 1 0,2 -
Monárquico liberal 1 0,2 -
Independientes 20 4,2 -
TOTAL 470 100,00 -
9 de octubre de 1931: Se producen Sucesos de Gilena, uno de los primeros altercados violentos en el campo andaluz
14 de octubre de 1931: Alcalá Zamora dimite como presidente del Gobierno por su desacuerdo con las políticas laicistas que defendía el Gabinete. Pasará a ser presidente de la República, mientras que Manuel Azaña le sustituirá al frente del Ejecutivo.
29 de octubre de 1931: Se promulga la ley de Defensa de la República para castigar la violencia pública y la difamación del nuevo régimen. [4]
Aprobación por las Cortes de la Constitución de la República Española de 1931 (9 de diciembre de 1931).
9 de diciembre de 1931: La Constitución republicana prohíbe a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza y se abre la puerta a la nacionalización de todos sus bienes, además ordena disolver y confiscar los bienes de las órdenes religiosas que manifiesten su obediencia a la Santa Sede. [cita requerida]
Gobierno de coalición republicano-socialista, presidido por Azaña (16 de diciembre de 1931).
El clero se muestra dividido en el acatamiento al régimen republicano, ya que mientras el cardenal Segura, Cardenal primado de Toledo, lanza una violenta diatriba antilaicista en su pastoral del 1 de mayo de 1931, a los catorce días de proclamada la República, el periódico El Debate, fundado en 1911 por Ángel Herrera Oria, muestra la opinión de un catolicismo que manifiesta "acatamiento" al régimen instaurado y da una visión accidentalista de la República, en el sentido de que la Iglesia es eterna y las formas de gobierno temporales. Con todo, la posición de la jerarquía católica y de los sectores de la sociedad más conservadores era bastante opuesta al régimen republicano, pues temían que el establecimiento del nuevo régimen llevaría a la pérdida progresiva de sus privilegios.[4]
En el mes de julio de 1931 tienen lugar la huelga de la Telefónica y la huelga general convocada por el sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Este sindicato y el socialista Unión General de Trabajadores (UGT) eran los únicos con presencia significativa entre los obreros españoles. Los socialistas de la época estaban divididos en dos corrientes principales: los moderados, entre los que se puede incluir a Indalecio Prieto, y los revolucionarios. Los anarquistas eran mayoritarios en la Telefónica, propiedad por entonces de la multinacional estadounidense ITT Corporation, y con su huelga persiguieron varios objetivos: uno, demostrar su fuerza; dos, poner contra las cuerdas al gobierno (la CNT se había decantado durante la dictadura por la destrucción de todo poder, frente a posturas pactistas); tres, manifestar su oposición a la existencia de monopolios extranjeros en España; y cuatro, obligar a los ministros socialistas del gobierno provisional a decidir entre una posición revolucionaria o moderada. La huelga no consiguió su propósito de paralizar el servicio a nivel nacional, pues sólo triunfó en Sevilla y Barcelona debido en gran parte al boicot socialista, expresado tanto en declaraciones de apoyo a la legalidad vigente como mediante el envío de trabajadores de la UGT a cubrir los puestos de los huelguistas. En respuesta, la CNT convocó una serie de huelgas generales que volvieron a fracasar en su mayoría, excepto en Sevilla, hasta que la actuación del Ejército -una vez que el Gobierno declaró el Estado de Guerra en la ciudad- restauró el orden.[4]
Oposición crítica de oficiales a la reforma de racionalización del ejército del ministro de la Guerra Azaña, motivada por el cierre de varias academias militares, entre las que destacó la de Zaragoza. Si bien un gran número de altos mandos reconocía el exceso de oficiales en comparación con el tamaño real del Ejército, muchos de ellos, conservadores, consideraban las medidas demasiado radicales pues les suponía una clara pérdida de privilegios.[4]
En septiembre de 1931 el proyecto de Estatuto Vasco, apoyado por carlistas y nacionalistas vascos, es rechazado en las Cortes Constituyentes por sobrepasar los límites constitucionales.
El gobierno republicano presidido por Manuel Azaña realiza reformas en educación con el fin de hacer efectiva la escolarización de toda la población, según preveía la Ley Claudio Moyano de Instrucción Pública (1857), ampliando la edad escolar. Para cumplir el artículo 26 de la Constitución republicana, se decretó la disolución de la Compañía de Jesús. El decreto no afectó a la propiedad de la misma, pero sí supuso la exclaustración de los jesuitas que regentaban instituciones docentes; centros como la Universidad de Comillas[5] lograron mantener su actividad, pero otros tuvieron que cesar su actividad. Entre los afectados estuvieron centros de estudios superiores tan renombrados como la Universidad Pontificia de Comillas, el Instituto Químico y el Laboratorio Biológico de Sarriá, el Instituto Católico de Artes e Industria de Madrid, el Centro Escolar y Mercantil de Valencia, los observatorios de Roquetes y Granada, las Facultades de Letras y la Universidad Comercial de Deusto, por entonces única Facultad de Ciencias Económicas de España, que no volvería a abrir sus aulas hasta pleno franquismo.[6]
Otros proyectos iniciados primero por el ministro Marcelino Domingo y más tarde por su sucesor Fernando de los Ríos incluyeron la construcción en masa de escuelas primarias (7.000 en los primeros diez meses del nuevo Régimen), cursillos de adaptación para miles de funcionarios de ambos sexos en posesión del título de Maestro pero que trabajaban en otras áreas del Estado y el aumento de sueldos en un 15 por ciento a los educadores. Los ayuntamientos más conservadores no creyeron en la iniciativa desde el principio y, desde finales de 1.932, los diputados monárquicos y católicos la torpedearon abiertamente.[4]
24 de enero de 1932: El gobierno da orden de disolver la Compañía de Jesús y confisca todos sus bienes en España.
Golpe de estado fracasado del general Sanjurjo ('Sanjurjada'), el 10 de agosto de 1932. Sanjurjo es detenido en Huelva, cuando intentaba huir a Portugal. Juzgado y condenado a muerte, el Presidente de la República le conmuta la pena por cadena perpetua.
Aprobación controvertida del Estatuto Catalán (9 de septiembre de 1932).
18 de mayo de 1933: La ley de Congregaciones convierte en propiedades públicas todos los bienes de la Iglesia, no solo los templos, sino también los ornamentos de los sacerdotes, las imágenes y los cálices.
Ley de Reforma Agraria.
Disolución de las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones (9 de octubre de 1933).
Fundación de Falange Española por José Antonio Primo de Rivera (29 de octubre de 1933).
Elecciones generales ganadas por los conservadores de la CEDA, liderada por José María Gil-Robles y los radicales de Alejandro Lerroux (19 de noviembre de 1933).
9 de noviembre de 1933, discurso de Largo Caballero, Ministro de Trabajo y posteriormente Presidente del Gobierno por el PSOE, durante la campaña electoral y publicado en el periódico "El Socialista":
“Se dirá: ¡Ah, ésa es la dictadura del proletariado! Pero ¿es que vivimos en una democracia? Pues ¿qué hay hoy, más que una dictadura de burgueses? Se nos ataca porque vamos contra la propiedad. Efectivamente. Vamos a echar abajo el régimen de propiedad privada. No ocultamos que vamos a la revolución social. ¿Cómo? (Una voz en el público: ‘Como en Rusia´). No nos asusta eso. Vamos, repito, hacía la revolución social… mucho dudo que se pueda conseguir el triunfo dentro de la legalidad. Y en tal caso, camaradas, habrá que obtenerlo por la violencia… nosotros respondemos: vamos legalmente hacia la revolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente (gran ovación). Eso dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil… Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil… No nos ceguemos camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aun los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar. El 19 vamos a las urnas… Mas no olvidéis que los hechos nos llevarán a actos en que hemos de necesitar más energía y más decisión que para ir a las urnas. ¿Excitación al motín? No, simplemente decirle a la clase obrera que debe preparase… Tenemos que luchar, como sea, hasta que en la torres y en los edificios oficiales ondee, no la bandera tricolor de una República burguesa, sino la bandera roja de la Revolución Socialista”.
El ala de izquierda revolucionaria del PSOE, liderada por personajes vinculados estrechamente también a la UGT (Largo Caballero y Luis Araquistáin), movilizó a las masas obreras con este discurso porque temían una revolución fascista [cita requerida] del estilo de la de Alemania de Hitler o la Italia de Mussolini y porque eran conscientes de la debilidad de la clase media en la España de entonces. Sin embargo, su planteamiento, lejos de impedir el golpe de Estado de 1936, se convirtió en el chivo expiatorio para que los generales más reaccionarios justificasen su actuación.
El fallo de las expectativas puestas en la Reforma Agraria provocó reacciones obreras, principalmente por parte de anarquistas, integrados en la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), dando lugar a disturbios fuertemente reprimidos en Casas Viejas, Castilblanco, Gilena (Sevilla) y otros en las llamadas revoluciones de enero y diciembre de 1933.
CONSTITUCIÓN DE 1931
Constitución de la República Española de 1931
Extraido de Wikipedia, la enciclopedia libre
La constitución se organizaba en 9 capítulos (125 artículos en total) y dos disposiciones transitorias.
Antecedentes
Con la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931 se convocan elecciones a unas Cortes Constituyentes en 28 de junio. Una de sus primeras tareas fue confirmar como presidente a Niceto Alcalá Zamora y su gabinete. Una vez aprobada procede a elegir al Presidente de la República, siendo electo Alcalá Zamora (12 de diciembre) tras lo cual ejerce la función de Cortes.
Garantías y derechos constitucionales
El título III Derechos y deberes de los españoles, subdividido en libertades y derechos individuales (Capítulo I: Garantías individuales y políticas) y sociales (Capítulo II: Familia, economía y cultura), reconocía la libertad religiosa, de expresión, reunión, asociación y petición (derecho de toda persona a dirigir una petición al gobierno), el derecho de libre residencia y de circulación y de elección de profesión, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, igualdad ante la justicia, protección a la familia, derecho al divorcio, derecho al trabajo, derechos a la cultura y la enseñanza, artículos sobre la relación entre Iglesia Católica y Estado. Por otro lado, se suprimía todo privilegio de clase social y de riqueza, lo que equivalía a anular la nobleza como entidad jurídica. Se apuntaba también la posibilidad de socialización de la propiedad y de los principales servicios públicos, aunque en definitiva los proyectos de nacionalización de la tierra, las minas, los bancos y los ferrocarriles nunca se llevaron a cabo.
Estructura del Estado
España es definida como "una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y Justicia". Hace compatible la unidad del Estado y la autonomía de los municipios y regiones. Se renuncia al uso de la guerra como instrumento político. El sufragio es universal para hombres y mujeres mayores de 23 años conforme a las leyes.
El poder legislativo reside en las Cortes, constituidas por una asamblea unicameral llamada Congreso de los Diputados elegida directamente. Su mandato es de cuatro años reelegibles indefinidamente y se reúnen ordinariamente entre febrero-abril y octubre-noviembre, y extraordinariamente a petición del Presidente de la República. Tiene la iniciativa de las leyes junto con el Gobierno. Puede delegar en el Gobierno la capacidad de legislar por decreto sobre materias autorizadas. El Congreso elige una Diputación Permanente de Cortes, compuesta por 21 representantes de las facciones políticas en proporción a los escaños que cada una de ellas tiene en las Cortes. Está encargada de conocer los casos de suspensión de las garantías constitucionales, los decretos-leyes, la detención y el procesamiento de los diputados. El Gobierno debe contar con el respaldo de las Cortes y se le puede formular un voto de censura.
Se establece el mecanismo del referéndum popular. Debe ser formalizado por un 15% del cuerpo electoral y no puede referirse a tratados internacionales, leyes tributarias o estatutos regionales.
El Poder ejecutivo estaba a cargo del Presidente de la República que es el Jefe de Estado. El Presidente tiene un mandato de seis años, sin reelección hasta que pase un periodo de seis años después de abandonar su mandato. Su elección la efectúan las Cortes junto a un número de compromisarios igual al de diputados, elegidos por sufragio universal.
Le corresponde nombrar y separar al Presidente del Gobierno y, a propuesta de éste, a los ministros. Declarar la guerra previa autorización de las Cortes, firmar y negociar los tratados internacionales, autorizar los decretos refrendados por el ministro correspondiente, ordenar medidas urgentes. Dictar por decreto, previo acuerdo unánime del Gobierno y la aprobación de la Diputación Permanente, las medidas de urgencia o cuando lo demande la defensa de la República. Tiene veto suspensivo, el cual puede ser revocado por dos tercios de las Cortes. Puede disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato, la cual será examinada por las nuevas Cortes y resolver su necesidad. Las Cortes pueden destituir al Presidente con tres quintos de los votos.
El Gobierno está conformado por el Presidente del Consejo de Ministros y los ministros. Le corresponde la dirección superior del Estado y los servicios públicos. El Consejo puede elaborar proyectos de ley, dictar los decretos, ejercer la potestad reglamentaria y deliberar sobre asuntos de interés público general.
El poder judicial está a cargo del Tribunal Supremo y cortes subordinadas a éste. Se crea un Tribunal de Garantías Constitucionales con la competencia de resolver principalmente la inconstitucionalidad de las leyes, los recursos de amparo y los conflictos de competencia legislativa.
La Constitución puede ser reformada a propuesta del Gobierno o de una cuarta parte de los miembros de las Cortes. Una vez aprobada la reforma, por mayoría absoluta (provisoriamente para los cuatro primeros años de vigencia de la Constitución se requieren dos tercios de los diputados), se procede a la elección de una Asamblea Constituyente que decidirá sobre la propuesta y posteriormente actuará como Cortes ordinarias.
Organización territorial
El Estado se organiza en municipios, los cuales están agrupados en provincias. Las provincias se pueden organizar en regiones autónomas. Para constituir una región autónoma se requiere que sea propuesto por la mayoría de sus municipios o que representen dos tercios del censo electoral; posteriormente debe ser aprobado por dos tercios de los electores de la región y que finalmente lo aprueben las Cortes junto con el Estatuto propuesto. Bajo este procedimiento se constituyeron como regiones autónomas Cataluña (1932) y el País Vasco (1936). En Galicia fue aceptada la propuesta por plebiscito en 1936, pero su ratificación por las Cortes quedó interrumpida por el comienzo de la Guerra Civil, al igual que las aspiraciones de Andalucía y del País Valenciano que incluso redactó varias propuestas.
Críticas a la Constitución de 1931
La Constitución aglutinó juicios negativos y críticas ulteriores de destacados republicanos conservadores:
Para Salvador de Madariaga, No era viable, y sus mayores defectos eran la flojeza del Ejecutivo, la falta de Senado y la separación de la Iglesia y el Estado[cita requerida].
Obra de la ignorancia de los diputados, al decir de Alejandro Lerroux, una Constitución inspirada en la desconfianza de los poderes que necesariamente han de formar la arquitectura de la República para tenerlos sometidos al del Parlamento (…) a poco que se fije la atención se advertirá cómo se ha procurado subordinar el poder ejecutivo, el judicial y el presidencial a las Cortes. Y no por justo derecho democrático de ejercer una acción fiscalizadora, sino por mero afán de dominación despótica (…) un sistema electoral prostituido (…) confabulación, en fin (…), de oligarquías que ejercen la más infecunda, irresponsable y odiosa de las dictaduras (...) Negación de un derecho de gentes y de la condición de ciudadanos a todos los que no profesan nuestras ideas[cita requerida].
Sectaria y hecha de espaldas a la realidad nacional, según el mismísimo presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, se procuró legislar obedeciendo a teorías, sentimientos o intereses de partidos, sin pensar en esa realidad de convivencia patria, sin cuidarse apenas de que se legislaba para España, o como si la constitución fuese a regir en otro país (…) Han hecho de la República, más que una sociedad abierta a la adhesión de todos los españoles, una sociedad estrecha, con número limitado de accionistas y hasta con bonos de privilegio de fundadores (…) se hizo una Constitución que invita a la Guerra Civil, desde lo dogmático –en que impera la pasión sobre la serenidad justiciera- a lo orgánico, en que la improvisación, el equilibrio inestable sustituyen a la experiencia y a la construcción sólida de los poderes[cita requerida].
Alcalá Zamora en su obra Los defectos de la Constitución de 1931 analizaba las deficiencias de Constitución, rememorando los debates parlamentarios y las circunstancias en las que se produjo la aprobación de la misma. Según el autor,[1] Manuel Azaña le confesó en 1936, desde la localidad de El Tejar, donde se encontraba en ese momento que encontraba en la misma más defectos que el propio Alcalá. La conclusión de Alcalá-Zamora era que: La República (...) proclamada el 14 de abril fue la República de todos los españoles. Olvidarlo la perdió...
Constitución lamentable, sin pies ni cabeza, ni el resto de materia orgánica que suele haber entre pies y cabeza, según declaró José Ortega y Gasset.[2]
Remató Miguel de Unamuno: "Constitución urdida, no por choque y entrecruce de doctrinas diversas, sino por intereses de partidos, o mejor de clientelas políticas sometidas a una disciplina… Así se forja, claro no más que en el papel, un Código de compromiso henchido, no ya de contradicciones íntimas (...), sino de ambigüedades hueras de verdadero contenido. Así se llega al camelo".[3]
Extraido de Wikipedia, la enciclopedia libre
La constitución se organizaba en 9 capítulos (125 artículos en total) y dos disposiciones transitorias.
Antecedentes
Con la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931 se convocan elecciones a unas Cortes Constituyentes en 28 de junio. Una de sus primeras tareas fue confirmar como presidente a Niceto Alcalá Zamora y su gabinete. Una vez aprobada procede a elegir al Presidente de la República, siendo electo Alcalá Zamora (12 de diciembre) tras lo cual ejerce la función de Cortes.
Garantías y derechos constitucionales
El título III Derechos y deberes de los españoles, subdividido en libertades y derechos individuales (Capítulo I: Garantías individuales y políticas) y sociales (Capítulo II: Familia, economía y cultura), reconocía la libertad religiosa, de expresión, reunión, asociación y petición (derecho de toda persona a dirigir una petición al gobierno), el derecho de libre residencia y de circulación y de elección de profesión, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, igualdad ante la justicia, protección a la familia, derecho al divorcio, derecho al trabajo, derechos a la cultura y la enseñanza, artículos sobre la relación entre Iglesia Católica y Estado. Por otro lado, se suprimía todo privilegio de clase social y de riqueza, lo que equivalía a anular la nobleza como entidad jurídica. Se apuntaba también la posibilidad de socialización de la propiedad y de los principales servicios públicos, aunque en definitiva los proyectos de nacionalización de la tierra, las minas, los bancos y los ferrocarriles nunca se llevaron a cabo.
Estructura del Estado
España es definida como "una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y Justicia". Hace compatible la unidad del Estado y la autonomía de los municipios y regiones. Se renuncia al uso de la guerra como instrumento político. El sufragio es universal para hombres y mujeres mayores de 23 años conforme a las leyes.
El poder legislativo reside en las Cortes, constituidas por una asamblea unicameral llamada Congreso de los Diputados elegida directamente. Su mandato es de cuatro años reelegibles indefinidamente y se reúnen ordinariamente entre febrero-abril y octubre-noviembre, y extraordinariamente a petición del Presidente de la República. Tiene la iniciativa de las leyes junto con el Gobierno. Puede delegar en el Gobierno la capacidad de legislar por decreto sobre materias autorizadas. El Congreso elige una Diputación Permanente de Cortes, compuesta por 21 representantes de las facciones políticas en proporción a los escaños que cada una de ellas tiene en las Cortes. Está encargada de conocer los casos de suspensión de las garantías constitucionales, los decretos-leyes, la detención y el procesamiento de los diputados. El Gobierno debe contar con el respaldo de las Cortes y se le puede formular un voto de censura.
Se establece el mecanismo del referéndum popular. Debe ser formalizado por un 15% del cuerpo electoral y no puede referirse a tratados internacionales, leyes tributarias o estatutos regionales.
El Poder ejecutivo estaba a cargo del Presidente de la República que es el Jefe de Estado. El Presidente tiene un mandato de seis años, sin reelección hasta que pase un periodo de seis años después de abandonar su mandato. Su elección la efectúan las Cortes junto a un número de compromisarios igual al de diputados, elegidos por sufragio universal.
Le corresponde nombrar y separar al Presidente del Gobierno y, a propuesta de éste, a los ministros. Declarar la guerra previa autorización de las Cortes, firmar y negociar los tratados internacionales, autorizar los decretos refrendados por el ministro correspondiente, ordenar medidas urgentes. Dictar por decreto, previo acuerdo unánime del Gobierno y la aprobación de la Diputación Permanente, las medidas de urgencia o cuando lo demande la defensa de la República. Tiene veto suspensivo, el cual puede ser revocado por dos tercios de las Cortes. Puede disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato, la cual será examinada por las nuevas Cortes y resolver su necesidad. Las Cortes pueden destituir al Presidente con tres quintos de los votos.
El Gobierno está conformado por el Presidente del Consejo de Ministros y los ministros. Le corresponde la dirección superior del Estado y los servicios públicos. El Consejo puede elaborar proyectos de ley, dictar los decretos, ejercer la potestad reglamentaria y deliberar sobre asuntos de interés público general.
El poder judicial está a cargo del Tribunal Supremo y cortes subordinadas a éste. Se crea un Tribunal de Garantías Constitucionales con la competencia de resolver principalmente la inconstitucionalidad de las leyes, los recursos de amparo y los conflictos de competencia legislativa.
La Constitución puede ser reformada a propuesta del Gobierno o de una cuarta parte de los miembros de las Cortes. Una vez aprobada la reforma, por mayoría absoluta (provisoriamente para los cuatro primeros años de vigencia de la Constitución se requieren dos tercios de los diputados), se procede a la elección de una Asamblea Constituyente que decidirá sobre la propuesta y posteriormente actuará como Cortes ordinarias.
Organización territorial
El Estado se organiza en municipios, los cuales están agrupados en provincias. Las provincias se pueden organizar en regiones autónomas. Para constituir una región autónoma se requiere que sea propuesto por la mayoría de sus municipios o que representen dos tercios del censo electoral; posteriormente debe ser aprobado por dos tercios de los electores de la región y que finalmente lo aprueben las Cortes junto con el Estatuto propuesto. Bajo este procedimiento se constituyeron como regiones autónomas Cataluña (1932) y el País Vasco (1936). En Galicia fue aceptada la propuesta por plebiscito en 1936, pero su ratificación por las Cortes quedó interrumpida por el comienzo de la Guerra Civil, al igual que las aspiraciones de Andalucía y del País Valenciano que incluso redactó varias propuestas.
Críticas a la Constitución de 1931
La Constitución aglutinó juicios negativos y críticas ulteriores de destacados republicanos conservadores:
Para Salvador de Madariaga, No era viable, y sus mayores defectos eran la flojeza del Ejecutivo, la falta de Senado y la separación de la Iglesia y el Estado[cita requerida].
Obra de la ignorancia de los diputados, al decir de Alejandro Lerroux, una Constitución inspirada en la desconfianza de los poderes que necesariamente han de formar la arquitectura de la República para tenerlos sometidos al del Parlamento (…) a poco que se fije la atención se advertirá cómo se ha procurado subordinar el poder ejecutivo, el judicial y el presidencial a las Cortes. Y no por justo derecho democrático de ejercer una acción fiscalizadora, sino por mero afán de dominación despótica (…) un sistema electoral prostituido (…) confabulación, en fin (…), de oligarquías que ejercen la más infecunda, irresponsable y odiosa de las dictaduras (...) Negación de un derecho de gentes y de la condición de ciudadanos a todos los que no profesan nuestras ideas[cita requerida].
Sectaria y hecha de espaldas a la realidad nacional, según el mismísimo presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, se procuró legislar obedeciendo a teorías, sentimientos o intereses de partidos, sin pensar en esa realidad de convivencia patria, sin cuidarse apenas de que se legislaba para España, o como si la constitución fuese a regir en otro país (…) Han hecho de la República, más que una sociedad abierta a la adhesión de todos los españoles, una sociedad estrecha, con número limitado de accionistas y hasta con bonos de privilegio de fundadores (…) se hizo una Constitución que invita a la Guerra Civil, desde lo dogmático –en que impera la pasión sobre la serenidad justiciera- a lo orgánico, en que la improvisación, el equilibrio inestable sustituyen a la experiencia y a la construcción sólida de los poderes[cita requerida].
Alcalá Zamora en su obra Los defectos de la Constitución de 1931 analizaba las deficiencias de Constitución, rememorando los debates parlamentarios y las circunstancias en las que se produjo la aprobación de la misma. Según el autor,[1] Manuel Azaña le confesó en 1936, desde la localidad de El Tejar, donde se encontraba en ese momento que encontraba en la misma más defectos que el propio Alcalá. La conclusión de Alcalá-Zamora era que: La República (...) proclamada el 14 de abril fue la República de todos los españoles. Olvidarlo la perdió...
Constitución lamentable, sin pies ni cabeza, ni el resto de materia orgánica que suele haber entre pies y cabeza, según declaró José Ortega y Gasset.[2]
Remató Miguel de Unamuno: "Constitución urdida, no por choque y entrecruce de doctrinas diversas, sino por intereses de partidos, o mejor de clientelas políticas sometidas a una disciplina… Así se forja, claro no más que en el papel, un Código de compromiso henchido, no ya de contradicciones íntimas (...), sino de ambigüedades hueras de verdadero contenido. Así se llega al camelo".[3]
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