II REPUBLICA: EL BIENIO REFORMISTA

Bienio social-azañista (1931-1933) Extraido de Wikipedia


También conocido como bienio reformista:

Gobierno de la II República en 1931.14 de abril de 1931: Tras las elecciones municipales, se declara en España la Segunda República.

10 de mayo de 1931: Causando gran polémica, se inaugura el Círculo Monárquico en Madrid. Ante los rumores de que un monárquico exaltado [3] había asesinado a un taxista que se negó a gritar "Viva el Rey", un grupo de personas provocó un altercado a las puertas de dicha institución. [4]

11 de mayo de 1931: Unos veinticuatro conventos, colegios y centros católicos son incendiados y asaltados por bandas juveniles. La actuación de las autoridades republicanas consigue restaurar el orden. [4]

16 de junio de 1931: El gobierno destierra al cardenal primado Pedro Segura por no reconocer al nuevo régimen y por sus críticas al sistema dirigidas a los fieles. Desde el Vaticano, se sustituye al radical Segura por el más moderado Gomá, que admitirá la existencia de la República y buscará las ventajas de dialogar con los gobiernos de un Estado débil.

18 de junio de 1931: El gobierno destierra a Mateo Múgica, obispo de Vitoria.

Elecciones a Cortes Constituyentes de 28 de junio de 1931. Mayoría de las izquierdas en el Parlamento.

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Partido Escaños % Esc. Dif.

Partido Socialista (PSOE) 115 24,5 -

Partido Republicano Radical (PRR) 94 20,2 -

Partido Republicano Radical Socialista (PRRS) 59 12,5 -

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 31 6,5 -

Acción Republicana 28 5,9 -

Agrarios (predecesores del Partido Agrario) 26 5,5 -

Progresistas 22 4,6 -

Federales 17 3,6 -

Federación Republicana Galega 16 3,4 -

Vasco-navarros 15 3,2 -

Agrupación al servicio de la República 13 2,8 -

Lliga Regionalista 4 0,8 -

Unió Socialista de Catalunya 4 0,8 -

Partit Català Republicà 2 0,4 -

Partido Liberal Demócrata 2 0,4 -

Republicanos Galleguistas 1 0,2 -

Monárquico liberal 1 0,2 -

Independientes 20 4,2 -

TOTAL 470 100,00 -

9 de octubre de 1931: Se producen Sucesos de Gilena, uno de los primeros altercados violentos en el campo andaluz

14 de octubre de 1931: Alcalá Zamora dimite como presidente del Gobierno por su desacuerdo con las políticas laicistas que defendía el Gabinete. Pasará a ser presidente de la República, mientras que Manuel Azaña le sustituirá al frente del Ejecutivo.

29 de octubre de 1931: Se promulga la ley de Defensa de la República para castigar la violencia pública y la difamación del nuevo régimen. [4]

Aprobación por las Cortes de la Constitución de la República Española de 1931 (9 de diciembre de 1931).

9 de diciembre de 1931: La Constitución republicana prohíbe a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza y se abre la puerta a la nacionalización de todos sus bienes, además ordena disolver y confiscar los bienes de las órdenes religiosas que manifiesten su obediencia a la Santa Sede. [cita requerida]

Gobierno de coalición republicano-socialista, presidido por Azaña (16 de diciembre de 1931).

El clero se muestra dividido en el acatamiento al régimen republicano, ya que mientras el cardenal Segura, Cardenal primado de Toledo, lanza una violenta diatriba antilaicista en su pastoral del 1 de mayo de 1931, a los catorce días de proclamada la República, el periódico El Debate, fundado en 1911 por Ángel Herrera Oria, muestra la opinión de un catolicismo que manifiesta "acatamiento" al régimen instaurado y da una visión accidentalista de la República, en el sentido de que la Iglesia es eterna y las formas de gobierno temporales. Con todo, la posición de la jerarquía católica y de los sectores de la sociedad más conservadores era bastante opuesta al régimen republicano, pues temían que el establecimiento del nuevo régimen llevaría a la pérdida progresiva de sus privilegios.[4]

En el mes de julio de 1931 tienen lugar la huelga de la Telefónica y la huelga general convocada por el sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Este sindicato y el socialista Unión General de Trabajadores (UGT) eran los únicos con presencia significativa entre los obreros españoles. Los socialistas de la época estaban divididos en dos corrientes principales: los moderados, entre los que se puede incluir a Indalecio Prieto, y los revolucionarios. Los anarquistas eran mayoritarios en la Telefónica, propiedad por entonces de la multinacional estadounidense ITT Corporation, y con su huelga persiguieron varios objetivos: uno, demostrar su fuerza; dos, poner contra las cuerdas al gobierno (la CNT se había decantado durante la dictadura por la destrucción de todo poder, frente a posturas pactistas); tres, manifestar su oposición a la existencia de monopolios extranjeros en España; y cuatro, obligar a los ministros socialistas del gobierno provisional a decidir entre una posición revolucionaria o moderada. La huelga no consiguió su propósito de paralizar el servicio a nivel nacional, pues sólo triunfó en Sevilla y Barcelona debido en gran parte al boicot socialista, expresado tanto en declaraciones de apoyo a la legalidad vigente como mediante el envío de trabajadores de la UGT a cubrir los puestos de los huelguistas. En respuesta, la CNT convocó una serie de huelgas generales que volvieron a fracasar en su mayoría, excepto en Sevilla, hasta que la actuación del Ejército -una vez que el Gobierno declaró el Estado de Guerra en la ciudad- restauró el orden.[4]

Oposición crítica de oficiales a la reforma de racionalización del ejército del ministro de la Guerra Azaña, motivada por el cierre de varias academias militares, entre las que destacó la de Zaragoza. Si bien un gran número de altos mandos reconocía el exceso de oficiales en comparación con el tamaño real del Ejército, muchos de ellos, conservadores, consideraban las medidas demasiado radicales pues les suponía una clara pérdida de privilegios.[4]

En septiembre de 1931 el proyecto de Estatuto Vasco, apoyado por carlistas y nacionalistas vascos, es rechazado en las Cortes Constituyentes por sobrepasar los límites constitucionales.

El gobierno republicano presidido por Manuel Azaña realiza reformas en educación con el fin de hacer efectiva la escolarización de toda la población, según preveía la Ley Claudio Moyano de Instrucción Pública (1857), ampliando la edad escolar. Para cumplir el artículo 26 de la Constitución republicana, se decretó la disolución de la Compañía de Jesús. El decreto no afectó a la propiedad de la misma, pero sí supuso la exclaustración de los jesuitas que regentaban instituciones docentes; centros como la Universidad de Comillas[5] lograron mantener su actividad, pero otros tuvieron que cesar su actividad. Entre los afectados estuvieron centros de estudios superiores tan renombrados como la Universidad Pontificia de Comillas, el Instituto Químico y el Laboratorio Biológico de Sarriá, el Instituto Católico de Artes e Industria de Madrid, el Centro Escolar y Mercantil de Valencia, los observatorios de Roquetes y Granada, las Facultades de Letras y la Universidad Comercial de Deusto, por entonces única Facultad de Ciencias Económicas de España, que no volvería a abrir sus aulas hasta pleno franquismo.[6]

Otros proyectos iniciados primero por el ministro Marcelino Domingo y más tarde por su sucesor Fernando de los Ríos incluyeron la construcción en masa de escuelas primarias (7.000 en los primeros diez meses del nuevo Régimen), cursillos de adaptación para miles de funcionarios de ambos sexos en posesión del título de Maestro pero que trabajaban en otras áreas del Estado y el aumento de sueldos en un 15 por ciento a los educadores. Los ayuntamientos más conservadores no creyeron en la iniciativa desde el principio y, desde finales de 1.932, los diputados monárquicos y católicos la torpedearon abiertamente.[4]

24 de enero de 1932: El gobierno da orden de disolver la Compañía de Jesús y confisca todos sus bienes en España.

Golpe de estado fracasado del general Sanjurjo ('Sanjurjada'), el 10 de agosto de 1932. Sanjurjo es detenido en Huelva, cuando intentaba huir a Portugal. Juzgado y condenado a muerte, el Presidente de la República le conmuta la pena por cadena perpetua.

Aprobación controvertida del Estatuto Catalán (9 de septiembre de 1932).

18 de mayo de 1933: La ley de Congregaciones convierte en propiedades públicas todos los bienes de la Iglesia, no solo los templos, sino también los ornamentos de los sacerdotes, las imágenes y los cálices.

Ley de Reforma Agraria.

Disolución de las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones (9 de octubre de 1933).

Fundación de Falange Española por José Antonio Primo de Rivera (29 de octubre de 1933).

Elecciones generales ganadas por los conservadores de la CEDA, liderada por José María Gil-Robles y los radicales de Alejandro Lerroux (19 de noviembre de 1933).

9 de noviembre de 1933, discurso de Largo Caballero, Ministro de Trabajo y posteriormente Presidente del Gobierno por el PSOE, durante la campaña electoral y publicado en el periódico "El Socialista":

“Se dirá: ¡Ah, ésa es la dictadura del proletariado! Pero ¿es que vivimos en una democracia? Pues ¿qué hay hoy, más que una dictadura de burgueses? Se nos ataca porque vamos contra la propiedad. Efectivamente. Vamos a echar abajo el régimen de propiedad privada. No ocultamos que vamos a la revolución social. ¿Cómo? (Una voz en el público: ‘Como en Rusia´). No nos asusta eso. Vamos, repito, hacía la revolución social… mucho dudo que se pueda conseguir el triunfo dentro de la legalidad. Y en tal caso, camaradas, habrá que obtenerlo por la violencia… nosotros respondemos: vamos legalmente hacia la revolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente (gran ovación). Eso dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil… Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil… No nos ceguemos camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aun los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar. El 19 vamos a las urnas… Mas no olvidéis que los hechos nos llevarán a actos en que hemos de necesitar más energía y más decisión que para ir a las urnas. ¿Excitación al motín? No, simplemente decirle a la clase obrera que debe preparase… Tenemos que luchar, como sea, hasta que en la torres y en los edificios oficiales ondee, no la bandera tricolor de una República burguesa, sino la bandera roja de la Revolución Socialista”.

El ala de izquierda revolucionaria del PSOE, liderada por personajes vinculados estrechamente también a la UGT (Largo Caballero y Luis Araquistáin), movilizó a las masas obreras con este discurso porque temían una revolución fascista [cita requerida] del estilo de la de Alemania de Hitler o la Italia de Mussolini y porque eran conscientes de la debilidad de la clase media en la España de entonces. Sin embargo, su planteamiento, lejos de impedir el golpe de Estado de 1936, se convirtió en el chivo expiatorio para que los generales más reaccionarios justificasen su actuación.

El fallo de las expectativas puestas en la Reforma Agraria provocó reacciones obreras, principalmente por parte de anarquistas, integrados en la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), dando lugar a disturbios fuertemente reprimidos en Casas Viejas, Castilblanco, Gilena (Sevilla) y otros en las llamadas revoluciones de enero y diciembre de 1933.